Denuncia de las «violencias urbanas», aumento continuado de la población carcelaria, represión intensificada de la delincuencia juvenil y hostigamiento de los sin techo; por todas partes se deja sentir la tentación de apoyarse en las instituciones policiales y penitenciarias para atajar los desórdenes provocados por el desempleo, el salario precario y los recortes de la protección social. Loïc Wacquant traza las vías por las que este nuevo «sentido común» punitivo -elaborado en Estados Unidos por una red de think tanks neoconservadores- se ha internacionalizado, auspiciado por la ideología económica neoliberal, cuya traducción es en materia de justicia. El paso del Estado providencia al Estado penitencia anuncia la aparición de una nueva forma de gobernar la miseria, que aúna la mano invisible del mercado de trabajo descualificado y desregulado con el largo brazo de un aparato penal omnipresente. Frente a la inseguridad -sostiene Wacquant- Europa se enfrenta a un dilema histórico entre la penalización de la pobreza y la creación de un Estado social digno de ese nombre.