El presente volumen constituye un análisis de carácter eminentemente jurídico de la reciente reforma del artículo 23.4 de la LOPJ. Como es sabido, dicha reforma limita el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción española para el enjuiciamiento de determinados delitos cometidos por extranjeros o españoles a aquellos supuestos en los que existan víctimas de nacionalidad española, los presuntos responsables se encuentren en España o se constante la existencia de algún vínculo de conexión relevante este Estado. El alcance y las consecuencias de esta restricción se revelan particularmente preocupantes en relación con las posibilidades de enjuiciamiento de aquellos crímenes internacionales (crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad) cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados cuyo examen se aborda también en los trabajos incluidos en este libro. Tanto el castigo de los responsables de la comisión de aquellos crímenes como el resarcimiento de las víctimas constituyen, en efecto, elementos sin los cuales parece difícil concebir el logro de una solución al conflicto palestino-israelí que quepa considerar justa. Una solución que pasa, en todo caso, por garantizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y en cuya consecución deberían cooperar todos los Estados de la Comunidad Internacional.

Qué hacemos para reparar a las víctimas, hacer justicia, acabar con la impunidad y por la construcción de la memoria histórica. En la mayoría de países democráticos el conocimiento del pasado, así como la reparación y justicia para las víctimas de períodos represivos, son parte de los cimientos del propio sistema. Por el contrario, en el caso de España, la debilidad de la democracia tiene su raíz en la impunidad de la dictadura, el abandono de las víctimas y la ausencia de políticas de memoria. Hablar de memoria histórica no es una vuelta al pasado: es una necesidad del presente, pues no seremos una democracia plena sin antes reparar y dignificar a las víctimas. Casi cuatro décadas después de la muerte de Franco, queda mucho por hacer. La insuficiente ley de memoria histórica, las vías judiciales abiertas, la acción del movimiento ciudadano; y la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales, centran nuestras propuestas para construir una memoria democrática. Es decir, para construir democracia.

Las desapariciones forzadas de personas durante la guerra civil y la dictadura franquista son una de las cuestiones pendientes de la democracia española. Fueron más de ciento treinta mil las víctimas directas de esta violenta represión puesta en marcha por razones políticas desde los primeros momentos del golpe de Estado y sostenida con vigor durante los años iniciales de la dictadura. Después, la forma como se desarrolló la transición española y la democracia de baja intensidad a que dio lugar impidieron que se investigaran estos hechos, se enjuiciara penalmente a sus autores, se rehabilitara moral y políticamente la memoria de las víctimas y se acometiera la debida reparación a sus familiares. Hoy la inmensa mayoría de los restos de las personas desaparecidas se encuentran en fosas comunes a lo largo de toda la geografía española, a la espera de que el Estado español asuma su responsabilidad, ordene las correspondientes exhumaciones e identificaciones de cadáveres, y ponga fin a la situación de olvido y desamparo en que se encuentran las víctimas y sus familiares. Mientras esto no se haga, la democracia española seguirá mereciendo el calificativo de imperfecta. Este libro aborda la cuestión de las desapariciones forzadas en España desde una perspectiva interdisciplinar. Historiadores, especialistas en Derecho internacional y derechos humanos, jueces, abogados y filósofos del Derecho se dan cita en sus páginas. En ellas se ofrecen argumentos para la plena aplicación de la categoría de las desapariciones forzadas a los crímenes del franquismo. Además, se exploran las vías jurídicas y políticas necesarias para esclarecer la verdad de lo sucedido, hacer justicia y reparar de forma integral la memoria, dignidad y derechos de las víctimas y sus familiares.