La dictadura franquista fue ferozmente clasista. Persiguió y reprimió sin tregua toda la expresión organizada de la clase trabajadora, como fue el caso de las Comisiones Obreras. Además, concibió el conflicto laboral como un problema de orden público, por lo que cualquier reclamación de derechos laborales se convertía en un ataque al Estado y por ende, al régimen. En este contexto se produce la detención de la Coordinadora General de Comisiones Obreras el 24 de junio de 1972, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, Madrid. A partir de aquí se iniciaría el llamado Proceso 1001, que no tendría su cierre hasta 1975. La campaña de solidaridad, tanto nacional como internacional, a favor de los “diez de Carabanchel”, mostró que la supuesta modernidad del régimen a partir de los años sesnta no era más que una fachada. Finalmente, el hecho de que que el inicio del juicio coincidiera con el atentado de ETA a Carrero Blanco puso también de manifiesto que el fin de la dictadura se podía encarar de distintas maneras, y que la mayoría del movimiento antifranquista lo haría desde la reivindicación de la paz y la justicia. José Antonio Pérez Pérez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, profesor de esta materia y miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Mayka Muñoz Ruiz es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y archivera en la Fundación 1º de Mayo.

"Desde el inicio de la Guerra Civil, en los territorios ocupados por los sublevados se puso en marcha un proceso de feroz represión contra los llamados “enemigos de España”. Entre ellos ocupaban un lugar destacado las organizaciones y militantes de la clase trabajadora. Este proceso continuó en la posguerra y no cesó, a diferentes escalas, hasta el final de la dictadura. Uno de los dispositivos centrales de esa represión tuvo lugar en los centros de trabajo, con la depuración en los servicios y empresas públicas y los despidos en las empresas privadas. Se desconoce el número preciso de personas afectadas por esta gran depuración, sólo posible gracias a la aplastante derrota, la desarticulación de los sindicatos de clase y la represión de sus militantes. La Ley de Amnistía de 1977 reconocía el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la represión laboral, principalmente el reintegro a sus puestos de trabajo. En esta publicación nos ocupamos de esa amnistía en la que jugaron un papel central los trabajadores y trabajadoras, en tanto que víctimas y a la vez artífices de la recuperación de sus derechos y libertades. De forma complementaria, abordamos también el papel de la abogacía laboralista, un colectivo muy interconectado con el mundo del trabajo y sus reivindicaciones. Mayka Muñoz Ruiz es doctora en Historia Contemporánea y trabaja en el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación Primero de Mayo. José Babiano Mora es igualmente doctor en Historia Contemporánea y especialista en Historia del Trabajo y de la Emigración. Dirige en la Fundación Primero de Mayo el Área de de Historia, Archivo y Biblioteca. "