La sublevación de las tropas españolas destacadas en Marruecos, el 17 de julio de 1936, inició un alzamiento militar, apoyado por sectores civiles, contra la República que en los siguientes días pasó al territorio peninsular. El 19 se inició en Cataluña, donde se encontró con la respuesta de las fuerzas de seguridad bajo el mando de la Generalitat, a cuyo frente estaba Lluís Companys, a las que se fueron sumando las organizaciones políticas integradas en el Frente Popular y los sindicatos, la CNT y la UGT. La sublevación fue derrotada en Barcelona y en la mayor parte de las principales ciudades españolas, incluyendo Madrid, Valencia y Bilbao; a pesar de ello, el apoyo exterior, de Hitler y Mussolini, a los sublevados les permitió convertir un golpe en trance de fracasar en una guerra civil que se prolongó hasta marzo de 1939. En Cataluña, la sublevación y su derrota tuvo consecuencias trascendentales. Modificó el panorama social y político. El desenlace de la rebelión de mayo de 1937 significó un importante retroceso político anarquista, al tiempo que la guerra empezó a afectar directamente a Cataluña, con la movilización de las quintas, la proliferación de los bombardeos y el problema creciente de abastecimiento de las poblaciones urbanas. El conflicto político perdió virulencia, pero no desapareció. Se recompuso en términos de competencia entre el PSUC, liderado por Comorera, y Esquerra Republicana, cuyo liderazgo pasó a asumirlo Tarradellas.

Desde mediados del siglo XIX el movimiento obrero soñó con el advenimiento de un momento revolucionario con el que alcanzar una sociedad igualitaria y libre. La Tercera Internacional abrió paso, en 1921, a la fundación del Partido Comunista de España, que daría un gran salto adelante durante la República con su integración en el Frente Popular. La derrota republicana asestó un terrible golpe al PCE, que afrontó el exilio sin haber podido establecer una organización clandestina en España. El largo periodo de resistencia y lucha contra el franquismo adquirió impulso en los últimos años de vida del dictador, hasta la ansiada legalización del partido. A propósito del primer centenario del PCE, José Luis Martín Ramos analiza de modo sintético la trayectoria completa del partido y su decisivo papel en nuestra historia más reciente. 

Reconocer la identidad nacional y considerar sus derechos fue una de las cuestiones problemáticas que tuvo que abordar la socialdemocracia, en debates que produjeron propuestas dispares. Lenin lo abordó desde el plano y la perspectiva de la lucha contra el Imperio zarista, con una composición nacional múltiple en la que la hegemonía correspondía a la nación del Zar, la rusa; elaboró en ese contexto y con la mirada puesta siempre en las exigencias de la lucha una doctrina compleja de la autodeterminación, sobre la base de la preeminencia de la identidad de clase y la unidad de las clases trabajadoras en esa lucha y en el nuevo estado que de ella habría de surgir. El tránsito de la toma del poder a la construcción del estado revolucionario le llevó a añadir la consideración del federalismo como medio para establecer y mantener su unidad. Tras la muerte de Lenin, Stalin manipuló aquella doctrina compleja, reduciéndola y desnaturalizándola, llegando a oponer autodeterminación y federalismo, en el transcurso de una transformación sectaria de la política de la Internacional Comunista establecida hasta 1922. La rectificación de ese curso sectario a partir de 1935, el giro del Frente Popular, llevó no solo a la recuperación del sentido inicial del autodeterminismo leninista sino a ampliar la mirada de la Internacional Comunista hacia las identidades nacionales mayoritarias, cuyo contenido popular y democrático estaba amenazado por la eclosión de los nacionalismos, de manera particular por los fascistas.

En julio de 1973 Mohammed Daud Khan, un miembro marginado de la familia real, derrocó al rey de Afganistán con el apoyo del Partido Democrático Popular de Afganistán –comunista– y proclamó la República. El PDPA se dispuso a llevar adelante un programa de reformas revolucionarias que incluían la reforma agraria, la plena igualdad de derechos de la mujer y un programa de alfabetización que erosionaba el control de la educación y la cultura por parte del clero islámico. Pero la división del PDPA sobre el contenido inmediato de la revolución, democrática o socialista desestabilizó al nuevo régimen; luego el sectarismo de la facción vencedora facilitó una progresiva reacción islamista contra la República revolucionaria. Esa reacción creció exponencialmente cuando a comienzos de 1979 el gobierno de los EEUU vio en la situación afgana la ocasión para desestabilizar el sur musulmán de la URSS y pasó a financiar y apoyar logísticamente la contrarrevolución islamista, que derivó en una guerra civil que dio un nuevo salto cualitativo cuando en diciembre de 1979 tropas soviéticas entraron en Afganistán. La guerra civil convirtió a Afganistán en un nuevo escenario de confrontación entre EEUU y la URSS y desarticuló la sociedad afgana, que cayó masivamente en el narcotráfico, una fuente complementaria de financiación, fundamental para los islamistas. La retirada del apoyo directo de la URSS, y tras la caída de ésta de todo apoyo, acabó con la derrota de la República revolucionaria y la desestabilización permanente del Estado que la sucedió, preso del caudillismo y la permanencia de la narcoeconomía.