El presente volumen constituye un análisis de carácter eminentemente jurídico de la reciente reforma del artículo 23.4 de la LOPJ. Como es sabido, dicha reforma limita el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción española para el enjuiciamiento de determinados delitos cometidos por extranjeros o españoles a aquellos supuestos en los que existan víctimas de nacionalidad española, los presuntos responsables se encuentren en España o se constante la existencia de algún vínculo de conexión relevante este Estado. El alcance y las consecuencias de esta restricción se revelan particularmente preocupantes en relación con las posibilidades de enjuiciamiento de aquellos crímenes internacionales (crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad) cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados cuyo examen se aborda también en los trabajos incluidos en este libro. Tanto el castigo de los responsables de la comisión de aquellos crímenes como el resarcimiento de las víctimas constituyen, en efecto, elementos sin los cuales parece difícil concebir el logro de una solución al conflicto palestino-israelí que quepa considerar justa. Una solución que pasa, en todo caso, por garantizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y en cuya consecución deberían cooperar todos los Estados de la Comunidad Internacional.

Las desapariciones forzadas de personas durante la guerra civil y la dictadura franquista son una de las cuestiones pendientes de la democracia española. Fueron más de ciento treinta mil las víctimas directas de esta violenta represión puesta en marcha por razones políticas desde los primeros momentos del golpe de Estado y sostenida con vigor durante los años iniciales de la dictadura. Después, la forma como se desarrolló la transición española y la democracia de baja intensidad a que dio lugar impidieron que se investigaran estos hechos, se enjuiciara penalmente a sus autores, se rehabilitara moral y políticamente la memoria de las víctimas y se acometiera la debida reparación a sus familiares. Hoy la inmensa mayoría de los restos de las personas desaparecidas se encuentran en fosas comunes a lo largo de toda la geografía española, a la espera de que el Estado español asuma su responsabilidad, ordene las correspondientes exhumaciones e identificaciones de cadáveres, y ponga fin a la situación de olvido y desamparo en que se encuentran las víctimas y sus familiares. Mientras esto no se haga, la democracia española seguirá mereciendo el calificativo de imperfecta. Este libro aborda la cuestión de las desapariciones forzadas en España desde una perspectiva interdisciplinar. Historiadores, especialistas en Derecho internacional y derechos humanos, jueces, abogados y filósofos del Derecho se dan cita en sus páginas. En ellas se ofrecen argumentos para la plena aplicación de la categoría de las desapariciones forzadas a los crímenes del franquismo. Además, se exploran las vías jurídicas y políticas necesarias para esclarecer la verdad de lo sucedido, hacer justicia y reparar de forma integral la memoria, dignidad y derechos de las víctimas y sus familiares.

El siglo XX español ha sido testigo de dos regímenes democráticos bien diferentes. Primero, la experiencia republicana de 1931, plasmada en una Constitución que trazó un programa de transformación de la sociedad truncado por un golpe militar que dio paso a una larga dictadura. Tras ella, una democracia nacida con la vocación de olvidar el pasado republicano, amparada en una Constitución incapaz de profundizar en términos de calidad democrática e igualdad real. En definitiva, dos Constituciones, dos Españas. Hoy, cuando la crisis económica ha destapado una profunda crisis institucional, cuando la Constitución de 1978 se revela como un instrumento inútil para construir una sociedad más incluyente, participativa e igualitaria y surgen voces que demandan la apertura de un proceso constituyente, la comparación entre ambos modelos de democracia se revela especialmente relevante. Aunque el pasado sea único e irrepetible, la experiencia de 1931 muestra que es posible articular un sistema político basado en los valores de compromiso democrático y justicia social, bien distintos de los que ahora presiden nuestra convivencia.