Ningún hecho político trascendente ha tenido lugar en este país, durante los últimos treinta años, que no fuera previamente autorizado o decidido por el rey Juan Carlos I. La defenestración de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, las conversaciones con Santiago Carrillo, la legalización del PCE, la dimisión del primer presidente de la democracia, el 23-F, el Juicio de Campamento, los GAL, las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el apoyo logístico a la Primera Guerra del Golfo, los nombramientos de la mayoría de los ministros y de todos los de Defensa, las conversaciones con ETA... etc., etc., son quizá los más importantes, pero no los únicos, en los que el inefable inquilino de La Zarzuela ha intervenido directamente haciendo valer una autoridad y un poder personal que en absoluto contempla la Constitución.