El viernes 7 de marzo, en el local de La Fuga, a las 20h, el seminario Permanente de Teoría Crítica de la Comunicación, la Sociedad y la Cultura de la FIM organiza el debate Inteligencia artificial y democracia.

Con Daniela Monje Jesús Sabariego y Francisco Sierra.

Los procesos de Inteligencia Artificial vinculados a las políticas de comunicación constituyen un eje de

reflexión escasamente abordado en su especificidad en buena medida porque la temática desborda las

incumbencias tradicionales de estos estudios y se expande de modo rizomático hacia problemas vinculados a la

regulación del riesgo, la seguridad, la privacidad, la propiedad o las formas de valorización que asume el

capitalismo de datos en este tiempo histórico que algunos autores definen como antropoceno, donde ingresan

discusiones éticas, económicas, geopolíticas, geológicas y ecológicas que aluden a una situación compleja en la

que Estados y corporaciones globales ejercitan sofisticadas disputas de poder cotidianamente.

La cuarta revolución industrial y el despliegue de sistemas expertos relativos a la Inteligencia Artificial

plantean nuevos retos estratégicos para la Comunicología no solo porque, como es sabido, la información es

poder, sino porque hoy la mediación cognitiva depende de la captura del código y de un nuevo régimen de

intermediación cuya opacidad se manifiesta incluso en la ausencia de investigación sobre la dimensión política

de la organización de la infraestructura y soportes de la red de intercambios informativos.

Analizar las Políticas de Comunicación en relación a la Inteligencia Artificial, demanda un ejercicio reflexivo

que, sin desestimar la complejidad, defina de un modo claro y distinto los problemas específicos que involucra

para el ámbito de la comunicación y la ciudadanía reconocer los crecientes modos de interacción entre

humanos y no humanos en el ámbito de actuaciones de los procesos de comunicación mediatizados. Esta nueva

ecología requiere además el reconocimiento de las nuevas formas de producción, circulación y consumo de

contenidos, así como de sus impactos socioculturales y de los resguardos en términos de derechos necesarios

para garantizar el cuidado de la ciudadanía y reducir los riesgos.